Real Decreto-ley 8/2020 medidas urgentes extraordinarias COVID-19: Medidas tributarias

En el BOE de hoy día 18 de marzo de 2020 se ha publicado el Real decreto ley 82020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.; norma que ha entrado en vigor, a todos los efectos, desde su publicación. De todas las medidas aprobadas a continuación destacamos las principales que afectan al ámbito tributario.

Suspensión plazos pago deudas tributarias que se encuentren en periodo de pago

¿A qué deudas afecta? Tan sólo afecta a las deudas que resulten de liquidaciones practicadas por la Administración, ya se encuentren bien en periodo voluntario de pago o bien en periodo ejecutivo.

También afecta a los plazos y fracciones acordadas en aplazamientos y fraccionamiento ya concedidos por la Administración Tributaria, así como a los plazos de subastas y adjudicaciones de bienes.


Por lo tanto, es una medida que no afecta a las autoliquidaciones presentadas por el propio contribuyente (por ejemplo, las autoliquidaciones trimestrales a presentar el próximo mes de abril).

¿En qué consiste la medida? Los plazos de pago afectados por la medida se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

En relación a las deudas de idéntica naturaleza a las expuestas que se notifiquen a partir de la fecha de entrada en vigor, se entenderán extendidos hasta el 20 de mayo de 2020, excepto que el plazo concedido sea mayor.,

Suspensión plazos procedimientos tributarios

Se entienden también automáticamente ampliados hasta el 30 de abril de 2020 los plazos por los siguientes trámites:

Atender requerimientos.

Diligencias de apremio.

Solicitudes de información con trascendencia tributaria.

Alegaciones, a todos los efectos, ante cualquier trámite de apertura o de audiencia.

Estos trámites se refieren a cualquier procedimiento de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, de devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, siempre y cuando, no hayan concluido a fecha de entrada en vigor.

Además, también se paralizará hasta la reiterada fecha la ejecución de garantías sobre bienes inmuebles en cualquier procedimiento administrativo de constreñimiento.

En relación a todos estos trámites, igualmente se entenderán extendidos hasta el 20 de mayo de 2020 en caso de que se notifiquen a partir de la entrada en vigor de la medida.

La norma prevé que si el contribuyente, a pesar de la ampliación de plazos aprobada, atiende el requerimiento, la solicitud de información o presenta alegaciones, lógicamente, se considerará él trámite válidamente realizado.

Especialidad normativa aduanera

Las medidas de extensión de plazos de los trámites se aprueba sin perjuicio de las especialidades que prevé la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos.

Plazo para impugnar en vía administrativa

El plazo para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa se entiende que no se inicia en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el próximo 30 de abril; iniciándose una vez concluya el mencionado periodo o, en su caso, cuando se entienda producida la notificación si es posterior a aquella fecha.

Suspensión cómputo duración procedimientos tributarios

El periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el 30 de abril de 2020 no computará a los efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, a pesar de que esta podrá impulsar, ordenar y realizar trámites imprescindibles.
Idénticos efectos se producirán en los procedimientos iniciados de oficio.

Como medida complementaria a esta, se prevé que el periodo referido en el párrafo anterior no computa ni a los efectos de la prescripción ni a los efectos de la caducidad.

Efecto en la prescripción en el recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas

Desde la entrada en vigor de la norma hasta el 30 de abril se entenderán notificadas las resoluciones que pongan fin a los recursos de reposición o a las reclamaciones económico-administrativas tan solo acreditando la Administración un único intento de notificación de la resolución.

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