Medidas en el ámbito legal para combatir el coronavirus

El sábado 14 de marzo el Consejo de Ministros dictó un Real Decreto (nº 463/2020) decretando el estado de alarma y ayer domingo día 15 de marzo el Consejo de Ministros aprobó una serie de ordenes e instrucciones para regular la incidencia en los ámbitos sanitario, de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de instituciones penitenciarias, de transportes y movilidad y de Protección Civil, del estado de alarma decretado.

El estado de alarma se ha decretado por un período inicial de 15 días, prorrogables.

Las principales consecuencias jurídicas derivadas de estas normas, con incidencia en el ámbito de la actividad económica tanto de empresas como de particulares son las siguientes:

Restricciones de Derechos; incidencia en el ámbito judicial y administrativo

Limitación a la libre circulación: La circulación de las personas queda limitada a los casos expresamente previstos en la normativa. En el ámbito económico se permite la circulación (a pie o en vehículo) para ir a trabajar o para ir al banco. Los desplazamientos se deben realizar de forma individual salvo si se acompaña a alguien con discapacidad o situación análoga.

Limitación de las actividades comerciales, culturales y de restauración: Queda suspendida la apertura al público de los locales minoristas, excepto los de alimentación, productos de primera necesidad, farmacéuticos, ópticas, estancos, equipos tecnológicos, alimentos para animales de compañía, tintorerías y comercios por internet.

Se suspende también la apertura al público de museos, bibliotecas y locales donde se desarrollen espectáculos públicos o actividades deportivas.

También se suspende la actividad de hostelería y restauración, excepto la entrega a domicilio.

Posibilidad de intervención de industrias y locales para asegurar la protección de la salud pública: El Ministerio de Sanidad podrá dar órdenes para garantizar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de centros de producción necesarios para proteger la salud pública. A tales efectos podrá intervenir o ocupar temporalmente industrias y podrá practicar requisas temporales de todo tipo de bienes.

Suspensión de plazos judiciales, administrativos y de prescripción/caducidad: Quedan suspendidos los plazos procesales y los previstos a la ley de procedimiento administrativo común. También se suspenden los plazos de prescripción y caducidad.

Mantenimiento de la vigencia de los contratos, especial mención a los contratos de arrendamiento.

Situación general de vigencia de los contratos: La normativa aprobada hasta día de hoy no prevé la suspensión de la vigencia de los contratos actualmente en vigor.
Por lo tanto, mientras no haya una regulación especifica que disponga lo contrario, el principio general es que los contractos continúan en vigor, y generan por lo tanto derechos y obligaciones.

Suspensión de las obligaciones contractuales incompatibles con las limitaciones impuestas por el estado de alarma: No obstante, en aquellos casos en que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato sean incompatibles con las medidas de limitación de Derechos derivadas del estado de alarma, las mencionadas obligaciones si quedan suspendidas por imperativo legal.

Especial mención a los contratos de arrendamiento: En relación a los contratos de arrendamiento, a día de hoy no se ha aprobado ningún tipo de previsión que suspenda su cumplimiento. Por lo tanto, si un arrendatario deja de pagar la renta se expone al riesgo que el arrendador pueda reclamarle los importes impagados, y adicionalmente pueda instar la resolución judicial del contrato y el desahucio del arrendatario del local. Deberá verse si los tribunales, a la vista de la excepcionalidad de la situación, deciden moderar estas facultades, pero en cualquier caso debe tenerse en cuenta que esto no está previsto a día de hoy en la normativa.

Actuación de la empresa en caso de no poder hacer frente a sus pagos.

Actuación de la empresa en caso de insolvencia: Las empresas que como consecuencia de la presente situación no pudiesen hacer frente de forma generalizada a sus obligaciones de pago, tienen la obligación en el plazo de 2 meses desde que se encuentran en esta situación de instar procedimiento concursal. El plazo puede alargarse 2 meses más en caso que se opte, con carácter previo a instar concurso, por instar un preconcurso.

Es esencial, a los efectos de garantizar la efectividad de los mecanismos previstos a la ley concursal, que se respeten los plazos de presentación marcados por la normativa.

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