Impuesto para activos no productivos

El pasado mes de mayo el Parlamento de la Generalitat de Cataluña aprobó las modificaciones que, tras el visto bueno del Tribunal Constitucional, resultaban necesarias para que finalmente el Impuesto sobre activos no productivos fuese una realidad.

Tributo autonómico

Este impuesto tiene por objeto gravar los activos de los contribuyentes que sean no productivos y estén ubicados en Cataluña.

¿Cuál es la finalidad del Impuesto?

Algunos han denominado a este nuevo tributo el ‘’Impuesto sobre el Patrimonio de las empresas’’. En puridad, lo que persigue esta figura es hacer tributar a las personas jurídicas por la tenencia de bienes y derechos que, en realidad, son de uso personal o privativo de las personas físicas vinculadas a aquéllas. En otras palabras, que los denominados ‘’bienes no afectos’’ de una empresa terminen tributando como si fuesen titularidad directa de los socios o personas vinculadas haciendo ‘’desaparecer’’ el paraguas de la entidad interpuesta.

¿Quiénes deben pagar este Impuesto?

Son contribuyentes tanto las personas jurídicas como las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, herencias yacentes, etc.) siempre que tengan residencia fiscal a Cataluña y, además, tengan objeto mercantil.

¿Qué es un activo no productivo?

La norma recoge un listado de activos: bienes inmuebles, vehículos con potencia igual o superior a 200 cv, embarcaciones de recreo, aeronaves, objetos de arte y antigüedades y, finalmente, joyas.

A estos efectos, los inmuebles gravados serán los situados en territorio catalán y, para el resto de activos, se refiere a aquellos cuya tenencia corresponda a un contribuyente del Impuesto, con independencia de dónde se encuentren situados.

¿Qué se entiende por activo improductivo?

Esta será, sin duda, la cuestión que mayores dudas y dificultades interpretativas va a presentar en la práctica. En efecto, el texto normativo recoge este concepto, pero, lamentablemente, ni lo ha desarrollado suficientemente ni, en alguna ocasión, ha sido lo bastante concreto.

La norma recoge varios supuestos: (i) cuando el activo es cedido gratuitamente a una persona física vinculada (propietarios, socios o familiares de éstos). (ii) También prevé la cesión onerosa (no gratuita), pero cuando el precio pagado no es de mercado. Y, finalmente, (iii) cuando estamos ante activos no afectos a actividad económica alguna.

Además de esto, incluso se recoge la posibilidad de que nos encontremos ante un activo improductivo sólo proporcionalmente.

Como puede observarse, ante este tipo de conceptos jurídicos indeterminados y, en especial, a falta de desarrollo reglamentario y criterios de interpretación administrativos, podemos afirmar sin duda alguna que la discusión con la Administración está servida.

¿Cuándo hay que empezar a liquidar este Impuesto?

Recordemos que este tributo es de devengo anual (1 de enero) y es obligación del contribuyente presentar la autoliquidación correspondiente entre el 1 y el 30 de junio siguiente. Excepcionalmente, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 el período de presentación de las autoliquidaciones será entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.

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